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FSIE TRASLADA AL DEFENSOR DEL PUEBLO LA DISCRIMINACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA Y RECLAMA FINANCIACIÓN SUFICIENTE PARA LAS MEJORAS EDUCATIVAS

08 Septiembre 2026

defensor del pueblo finalFSIE ha mantenido una reunión en la sede del Defensor del Pueblo para trasladar la discriminación que supone excluir a los docentes de la enseñanza concertada de la reducción de la carga lectiva, denunciar la falta de diálogo institucional y reclamar una financiación suficiente que garantice la gratuidad real, permita hacer efectivas las medidas destinadas a mejorar las condiciones laborales y la calidad del sistema educativo.


La reunión, solicitada por FSIE, se ha celebrado con la directora del Área de Educación, Cultura y Empleo del Defensor del Pueblo, Teresa Siso, y con Carmen Castañón, técnica del área.

La concertada forma parte del servicio público de la educación
FSIE ha trasladado su rechazo a que el Proyecto de Ley actualmente en tramitación parlamentaria excluya a los profesionales de la enseñanza concertada de la reducción de la carga lectiva docente.
La organización ha recordado que esta reivindicación no responde a una pretensión de equiparación arbitraria. La propia LOE establece que la prestación del servicio público de la educación se realiza también a través de los centros públicos y privados concertados.
Por ello, FSIE considera difícilmente justificable que una medida que pretende mejorar la calidad educativa, favorecer la inclusión y la equidad y mejorar el bienestar laboral de los docentes se aplique únicamente a una parte de los profesionales que trabajan en centros sostenidos con fondos públicos.
FSIE ha recordado además que cuando en 2012 se incrementó la carga lectiva, la medida alcanzó también a la enseñanza concertada, así como la existencia de distintos pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre la competencia estatal en esta materia y la necesidad de un tratamiento homogéneo de la jornada lectiva docente.
A ello se suma el dictamen del Consejo Escolar del Estado, aprobado por unanimidad, que incorporó la propuesta defendida por FSIE para extender la reducción de la carga lectiva a los docentes de los centros concertados.
Si reducir la carga lectiva es positivo para la calidad educativa, la inclusión, la equidad y el bienestar laboral, debe serlo para todos los trabajadores y alumnos del sistema educativo sostenido con fondos públicos.

Sin financiación suficiente no hay mejoras educativas viables
FSIE ha trasladado también su preocupación por la financiación necesaria para hacer efectivas medidas como la reducción de la carga lectiva y la disminución de las ratios.
Ambas pueden suponer importantes avances para la calidad de la enseñanza y las condiciones laborales de los profesionales, pero su aplicación genera nuevas necesidades organizativas y económicas.
Por ello, FSIE considera imprescindible que cualquier medida de este tipo venga acompañada de financiación suficiente que garantice su aplicación efectiva sin poner en riesgo la viabilidad de los centros ni el empleo de sus trabajadores.
Esta necesidad afecta tanto a los centros sostenidos con fondos públicos como a los centros privados. En estos últimos, FSIE considera necesario estudiar fórmulas que hagan posibles estas mejoras mediante financiación directa a las familias o a los centros, deducciones fiscales u otros instrumentos que eviten trasladar íntegramente su coste a los centros y a las familias.

FSIE denuncia la falta de diálogo institucional
La organización ha denunciado asimismo ante el Defensor del Pueblo la falta de diálogo institucional con FSIE, organización mayoritaria entre los trabajadores de la enseñanza concertada y con una representatividad próxima al 46 %.
FSIE ha explicado que sus solicitudes de reunión no han sido atendidas y que tampoco se ha contado con la organización en la elaboración y desarrollo de iniciativas que afectan directamente a los profesionales que representa.
Para FSIE resulta difícil de entender que la organización que representa a cerca de la mitad de los trabajadores del sector quede al margen del diálogo sobre decisiones que afectan directamente a sus condiciones laborales.

Infrafinanciación, gratuidad real y condiciones laborales del PAS
Otro de los asuntos abordados ha sido la infrafinanciación estructural de la enseñanza concertada.
FSIE ha reclamado la convocatoria de la mesa sectorial y la constitución de la comisión de trabajo en la que deben estar representadas las organizaciones sindicales y patronales para realizar el estudio sobre la cuantía de los módulos económicos de los conciertos y avanzar hacia una financiación suficiente que permita garantizar la gratuidad real de las enseñanzas.
Reclamar suficiencia financiera no significa necesariamente exigir que la financiación de un centro concertado sea idéntica a la de un centro público. Significa garantizar que los recursos destinados a los conciertos sean suficientes para cubrir los costes que corresponde financiar.
La actual insuficiencia afecta además especialmente a las condiciones laborales y salariales del Personal de Administración y Servicios (PAS), cuyos costes dependen de la partida de “otros gastos” del módulo económico del concierto.

Jubilación parcial: FSIE pide una solución para Asturias
Finalmente, FSIE ha agradecido al Defensor del Pueblo su intervención en relación con la jubilación parcial en la enseñanza concertada, tras la queja presentada en su momento por la organización y que contribuyó a impulsar avances en esta materia.
En estos momentos, la jubilación parcial se encuentra implantada o en proceso de implantación en prácticamente todas las comunidades autónomas. Sin embargo, FSIE ha trasladado específicamente la situación del Principado de Asturias, donde todavía no se han iniciado los trámites necesarios para abordar su aplicación.
Los representantes del Defensor del Pueblo han tomado nota de esta situación con el objetivo de estudiar posibles actuaciones que puedan contribuir a impulsar una solución.
FSIE valora positivamente la receptividad mostrada durante el encuentro y continuará defendiendo ante las instituciones que la calidad educativa, la equidad, la inclusión y las mejoras laborales deben alcanzar a todos los trabajadores y alumnos, con independencia de la titularidad del centro.

Mismo servicio público. Mismas concidiones. #ConcertadaTambién